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Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ha presentado su dimisión en medio de una crisis interna provocada por una serie de denuncias que afectan a la dirigencia del partido. La renuncia se produce mientras el PSOE afronta acusaciones de acoso sexual y hostigamiento contra mujeres dentro de sus propias filas.

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Al mismo tiempo, la compañía aérea Iberia ha sido objeto de una investigación policial por presunto blanqueo de capitales. La investigación surge a raíz de un rescate financiero que, según las autoridades, involucró la inyección de cientos de millones de euros para evitar la quiebra de la aerolínea. El rescate, que fue considerado en su momento una operación de gran magnitud, ahora está bajo escrutinio por posibles irregularidades en el uso de los fondos.

Denuncias y controversias en el PSOE

Entre los casos que han alimentado la crisis en el PSOE, destaca la denuncia contra el dirigente Francisco Salazar, quien ha sido señalado por presunto acoso a mujeres dentro del partido. Además, se han difundido mensajes que implican a miembros del PSOE, como los diputados Ábalos y Koldo, en actos de prostitución y manipulación de la vida personal de mujeres, lo que ha generado una fuerte indignación entre la militancia y la sociedad civil.

En el ámbito local, el alcalde del municipio de Alpedrete, perteneciente al Partido Popular (PP), ha sido criticado por minimizar la gravedad de un homicidio en el que el agresor apuñaló a su esposa en 50 ocasiones, negando que se tratara de violencia machista. La polémica se ha intensificado tras la salida de un consejero de la Xunta de Galicia, también del PP, tras abrirse un proceso judicial por agresión sexual.

Según los datos oficiales, desde que se dispone de información fiable, se ha registrado el asesinato de 1.337 mujeres a manos de hombres en el territorio español, una cifra que sigue creciendo y que evidencia la persistencia de la violencia de género en la sociedad.

Estos hechos han reavivado el debate sobre la presencia del machismo en diferentes ámbitos institucionales y la necesidad de adoptar medidas más efectivas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Diversas organizaciones sociales y partidos políticos han pedido una revisión profunda de los protocolos internos y una mayor transparencia en la gestión de recursos públicos, tanto en partidos como en empresas del sector privado.