Así fue el polémico y millonario rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra a la que ahora la Policía investiga por blanqueo

El presidente del Gobierno de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha exigido al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, una revisión profunda del modelo de ayudas públicas, alegando que “así no podemos seguir”. La petición se produce en medio de la investigación que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha iniciado contra la aerolínea Plus Ultra, cuyo presidente y CEO fueron detenidos este jueves en la sede de la compañía en Madrid.

ÚLTIMA HORA | Caos en España: la Policía Nacional registra la aerolínea venezolana Plus Ultra

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Detalles del caso Plus Ultra y la ayuda de 53 millones de euros

Detalles del caso Plus Ultra y la ayuda de 53 millones de euros

En marzo de 2021, Plus Ultra Líneas Aéreas recibió una ayuda de 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La financiación consistió en dos préstamos: uno participativo de 34 millones y otro ordinario de 19 millones.

El objetivo del FASEE, creado en 2020, era proporcionar apoyo temporal a empresas no financieras consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional que se vieran afectadas por la pandemia de COVID‑19. En total, el fondo asistió a 21 compañías, entre ellas Plus Ultra.

La cuestión que plantea el caso es si la aerolínea, de capital mayoritariamente venezolano, con una flota de apenas dos aviones y una cuota de mercado inferior al 0,1 % del tráfico nacional, podía considerarse “estratégica”. En el momento del rescate, Plus Ultra enfrentaba pleitos pendientes y deudas con la Seguridad Social, y había solicitado previamente un préstamo participativo de 6,3 millones de euros al banco panameño Panacorp.

Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la importancia estratégica de la aerolínea residía “en la relevancia del transporte aéreo para el conjunto de España, su contribución al turismo y a la economía del país”. Montero destacó que la compañía empleaba a 345 personas de forma directa y generaba más de 2.500 puestos indirectos.

Contexto político y posibles influencias

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, habría sido presionado por el exministro José Luis Ábalos para aprobar el rescate, según declaraciones del hijo de Ábalos, Víctor Ábalos.
El Partido Popular ha señalado que el Gobierno favoreció la intervención de Zapatero y ha pedido a la Comisión Europea que investigue la posible vulneración de la normativa de ayudas estatales.
Investigaciones periodísticas han vinculado el capital de Plus Ultra con empresarios venezolanos cercanos al régimen de Nicolás Maduro, incluyendo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y a Cilia Flores.

En enero de 2024, la Fiscalía Anticorrupción reabrió la investigación por presunto blanqueo de capitales, alegando que la aerolínea habría realizado devoluciones de dinero a cuentas en el extranjero vinculadas a una supuesta red criminal que operaba en España, Francia y Suiza. Según la Fiscalía, los fondos provendrían de actos de malversación cometidos por funcionarios venezolanos, incluyendo ventas de oro del Banco de Venezuela y recursos del programa de alimentación CLAP.

El caso también ha generado controversia judicial. En 2023, el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid archivó una investigación por malversación, cohecho y tráfico de influencias al no encontrar indicios de ilegalidad en la ayuda. No obstante, en noviembre de 2024 la Audiencia Nacional concedió acceso parcial al expediente, y en enero de 2025 ordenó la entrega completa de la documentación, argumentando que la confidencialidad prevista en el Real Decreto‑Ley 25/2020 no es absoluta.

Ante la sentencia, la SEPI y Plus Ultra presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En julio, la Sala de lo Contencioso‑Administrativo admitió a trámite el recurso, quedando pendiente la resolución definitiva sobre la primacía entre la normativa de reservas del fondo de ayuda y la Ley de Transparencia.