El presidente de Renfe descarta volver a indemnizar por retrasos menores a una hora pese a la nueva ley: "En principio, no"

El reconocido pediatra e influencer Jorge García Dihinx y su pareja, Natalia Román, han fallecido en el trágico alud ocurrido en la zona de la Sierra de Guadarrama. Las autoridades confirmaron la pérdida de ambas personas, quienes se encontraban de vacaciones cuando se produjo el deslizamiento de tierras. La investigación se mantiene en curso para determinar las causas exactas del accidente.

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Mientras tanto, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que espera que la reconstrucción de Gaza comience “pronto”, pero subrayó que la iniciativa debe ir acompañada del desarme total de Hamas. La declaración se produjo en una entrevista con medios internacionales, en la que el exmandatario reiteró su postura sobre la necesidad de garantizar la seguridad antes de iniciar cualquier proceso de rehabilitación.

En el ámbito nacional, la operadora ferroviaria Renfe y el Ministerio de Transportes se encuentran en el centro de una polémica sobre la aplicación de la Ley de Movilidad Sostenible. La normativa establece que, a partir del 1 de enero, los pasajeros de trenes de alta velocidad y larga distancia deberían recibir indemnizaciones a partir de los 15 minutos de retraso (50 % del precio del billete) y del 30 minutos (100 %). Sin embargo, Renfe ha comunicado que mantendrá su actual política, que sólo contempla compensaciones del 50 % a partir de los 60 minutos y del 100 % a los 90 minutos.

Renfe y la Ley de Movilidad Sostenible: punto de conflicto

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, declaró que la compañía sigue estudiando la viabilidad legal para no aplicar la nueva obligación de indemnización. Según sus palabras, “la Abogacía del Estado está analizando una fórmula que nos permita cumplir con la normativa sin desbalancear nuestras finanzas”. El ministro de Transportes y Vivienda, Óscar Puente, respaldó esa postura, indicando que el Gobierno está revisando la cuestión legalmente, pues la medida podría contravenir el principio de libertad de empresa y la normativa europea de competencia.

El PP, junto a Vox, Junts, ERC, PNV, Podemos y BNG, introdujo una enmienda que, tras la votación en el Congreso, restablece los compromisos de puntualidad y devolución de Renfe a los niveles anteriores a julio de 2024, con vigencia a partir del 1 de enero de 2026. La disposición, calificada por Renfe como “inconstitucional” y “poco competitiva”, también amplía las indemnizaciones a los trenes de larga distancia, lo que, según estimaciones de la operadora, elevaría su coste anual de 43 millones a 125 millones de euros.

Ante el posible aumento del gasto, Fernández Heredia advirtió que los billetes podrían subir alrededor de un 10 % y que, de no encontrar una solución financiera, Renfe podría verse obligada a reducir o eliminar algunos servicios deficitarios. El propio ministro Puente reiteró que el Gobierno está “estudiando la cuestión legal” y que no se aplicará una norma que contravenga la Constitución ni el reglamento de la UE, bajo riesgo de sanciones de la Comisión Europea.

En resumen, la situación plantea un dilema entre la defensa de los derechos de los pasajeros y la viabilidad económica de la operadora nacional, mientras que el debate político se intensifica con acusaciones de populismo y falta de transparencia en torno a los posibles aumentos de tarifas.