La Fiscalía pide anular la condena a García Ortiz y acusa al Supremo de ignorar "sin explicación" las pruebas que le exculparían
En la tarde del pasado viernes, la Policía Nacional detuvo a un hombre de 37 años bajo sospecha de haber causado la muerte violenta de su madre en El Vendrell, una localidad situada en la provincia de Tarragona. Según el informe policial, los agentes acudieron al domicilio tras recibir una llamada de urgencia y, al llegar, se encontraron con la víctima sin vida y con signos evidentes de violencia física. El detenido, identificado solo por su edad, fue puesto a disposición del juzgado de guardia para las diligencias correspondientes.

Controversia judicial en torno a la condena del exfiscal Álvaro García Ortiz
El Ministerio Público ha solicitado al Tribunal Supremo la anulación de la sanción de dos años de inhabilitación impuesta al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta difusión de información reservada del empresario Alberto González Amor. La fiscalía argumenta que la condena vulnera la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la legalidad penal y el derecho a una tutela judicial efectiva.
María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Alto Tribunal, ha señalado que la sentencia omitió analizar el testimonio de numerosos testigos y el hecho de que el correo electrónico en cuestión ya había sido difundido por diversos medios antes de que García Ortiz lo recibiera. “Cuando el correo llegó al Fiscal General del Estado, ya había sido divulgado públicamente, lo cual está acreditado, aunque la sentencia lo omite”, afirmó la fiscal.
Según la información recabada, varios medios de comunicación publicaron, los días 12 y 13 de marzo, noticias que atribuían a la Fiscalía actuaciones motivadas por razones políticas en un caso penal que involucraba a la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Alberto González Amor. Estas informaciones, calificadas de “insidiosas y calumniosas”, contaban con el apoyo de medios vinculados al gobierno autonómico, según el diario El Español.
El Ministerio Público ha descrito la actuación judicial como “insólita” y ha señalado que la investigación penal estaba dirigida contra González Amor, quien era considerado parte en una supuesta trama de defraudación tributaria y contra quien la Fiscalía había presentado una denuncia.
En cuanto al proceso judicial, la Fiscalía ha criticado que la sentencia del Tribunal Supremo se limitó a declarar la existencia de “homogeneidad esencial” entre los pedidos de la acusación particular y los fundamentos del tribunal, sin explicar por qué se había aceptado dicha homogeneidad. La fiscalía insiste en que ninguno de los pedidos de la acusación particular fue aceptado, lo que genera una “heterogeneidad” que, según la jurisprudencia de esa Sala, impide la imposición automática de costas a la acusación particular.
Además, la Fiscalía destaca que la condena en costas a la acusación particular carece de motivación, puesto que los pedidos formulados por la acusación no fueron objeto de condena. El fallo del Tribunal Supremo, que provocó la salida de García Ortiz del cargo que ocupaba, se produce en un contexto en el que el exfiscal había sido considerado la “mano derecha” de su predecesora, la exministra de Justicia Dolores del Gómez.
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