Presos políticos venezolanos liberados de El Helicoide: "Sientes que caes al abismo y a ellos solo les interesa que no mueras dentro"
El 20 de marzo de 2024, la exdiputada venezolana Dignora Hernández fue arrestada por el régimen chavista y trasladada al complejo penitenciario de El Helicoide, donde permaneció 690 días bajo condiciones que ella describe como “el más parecido a un búnker”. En una entrevista con 20 Minutos, Hernández relató los momentos de su detención, el encierro en una celda de 4 × 3 metros sin ventanas y los constantes abusos psicológicos y de salud que sufrió.
Testimonios de Dignora Hernández y Víctor Castillo
Según Hernández, el día de su captura una veintena de hombres la asaltó en la calle. A pesar de intentar huir, fue rodeada y no le leyeron sus derechos ni le informaron de los cargos, que más tarde serían conspiración, asociación para delinquir y legitimación de capitales. En el momento del arresto gritó “¡Auxilio!” mientras era obligada a subir a un vehículo que la llevó a El Helicoide; el vídeo de su llamado de socorro se viralizó en redes sociales meses después.
Durante su confinamiento, Hernández compartió el reducido espacio con otras cuatro mujeres, sin luz natural y con una temperatura inestable provocada por un aire acondicionado que mantenía el ambiente en 17 °C. La única compañía sonora era su propia voz. Además, la detención le provocó severas crisis alérgicas, con más de veinte urgencias médicas por riesgo de edema de glotis, y tumores en el riñón y la glándula suprarrenal que nunca fueron atendidos. Solo recibió tratamiento para su alergia tras el fin de los comicios electorales, cuando los funcionarios le explicaron que no le habían administrado medicación para evitar que su posible muerte se convirtiera en un símbolo político.
Hernández también describió las amenazas contra su familia: “Me decían que traerían a mi sobrina, que era como mi hija, para presionarme”. Cuatro meses después, su compañera María Oropeza fue arrestada, cumpliendo la amenaza del régimen.
Por su parte, Víctor Castillo, ingeniero de sistemas y director del comando de campaña de María Corina Macho en el estado Portuguesa, fue detenido el 28 de abril de 2024 cuando agentes del SEBIN irrumpieron en su domicilio con una orden de arresto. Tras intentar seguir el vehículo que llevaba a su marido, la esposa de Castillo fue perseguida y su coche embistido por los agentes.
Castillo y dos compañeros fueron trasladados primero a dependencias del SEBIN y luego en avioneta a Caracas, donde fueron ingresados en El Helicoide bajo la premisa de que eran “delincuentes”. Durante 13 días fue interrogado, sin que le permitieran contar con un abogado privado, y se le exigió firmar una defensa pública. Fue acusado de los mismos delitos que Hernández y permaneció 21 meses en la cárcel.
El detenido relata que la falta de contacto con la familia fue una de las peores pruebas: “Pasé dos meses sin ver a mi esposa, mi madre y mis hijos. Cuando finalmente pudieron visitarme, la escena me destrozó”. Al igual que Hernández, Castillo no contó con asistencia legal adecuada y, al ser liberado el 1 de febrero de 2024, sigue bajo prohibición de salida del país y la obligación de presentarse cada 30 días ante el tribunal.
Ambos testimonios coinciden en que, pese a la reciente ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional, el proceso judicial sigue vulnerando derechos fundamentales. Según el Foro Penal, 508 ciudadanos continúan privados de libertad por motivos políticos, pese a los anuncios del gobierno sobre la liberación de un “número importante” de presos y el presunto cierre del centro de detención de El Helicoide.
Hernández y Castillo reiteran su compromiso con la lucha contra la represión: “No descansaremos hasta que el último preso político sea liberado y se haga justicia”.
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