El Gobierno afronta una semana decisiva tras su mayor cisma interno por el decreto anticrisis frente a la guerra de Irán
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ordenado a Airbnb el pago de una multa de 64 millones de euros, la sanción que la Comisión de Consumo había impuesto a la plataforma por presuntas vulneraciones de los derechos de los consumidores en el mercado de alquiler vacacional.
En otro plano internacional, Irán ha advertido que, de producirse un ataque estadounidense contra sus islas, el país podría «minar todo el Golfo Pérsico y sus costas», una amenaza que eleva la tensión en la región.
En el plano interno, el Gobierno de España afronta una semana decisiva en el Congreso. El próximo miércoles, el presidente Pedro Sánchez comparecerá ante la Cámara Baja para explicar las medidas adoptadas en respuesta a la guerra en Irán y la posición de España en el conflicto. Al día siguiente, los diputados debatirán y votarán el decreto de medidas anticrisis que fue aprobado el viernes en un Consejo de Ministros extraordinario, donde se registró un enfrentamiento sin precedentes entre los socios de la coalición.
Principales decisiones y contenidos del paquete anticrisis
El decreto, que entró en vigor este domingo de manera provisional, permanecerá activo hasta que el Congreso lo convalide en un plazo máximo de 30 días. El Ejecutivo confía en contar con los apoyos necesarios para aprobarlo en la Cámara Baja, prevista para dentro de seis días. Entre las iniciativas destacadas para hacer frente al alza de los precios de la energía se incluyen:
- Reducción del IVA al 10 % de los carburantes, la electricidad y el gas natural.
- Suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica.
- Baja del Impuesto Especial sobre la Electricidad.
- Ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores.
Estas medidas recuerdan las adoptadas durante la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania, aunque en esta ocasión se ha intensificado la polémica. Los socios de izquierdas reclaman que se recurra en exceso a la reducción de impuestos, mientras Sumar ha conseguido que se incluya una salvaguardia para limitar los márgenes de beneficio de las compañías suministradoras. Por su parte, el Partido Popular ha aplaudido la inclusión de algunas rebajas fiscales impulsadas por Alberto Núñez Feijóo, aunque sigue sin definir su posición definitiva.
En paralelo, Sumar ha presionado para que se adopten medidas específicas sobre vivienda, en especial la prórroga de los contratos de alquiler. El consejo de ministros del viernes culminó con un plantón de los ministros de Sumar, liderados por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, que se negaron a entrar en la reunión hasta que el ala socialista cediese en sus demandas. Después de más de dos horas de negociaciones entre Díaz y Sánchez, se acordó la elaboración de un segundo decreto dedicado a la vivienda.
Este segundo texto propone, entre otras cosas, la prórroga extraordinaria de dos años de los contratos de alquiler cuya finalización esté prevista para 2026 y 2027, y la limitación al 2 % del aumento máximo que el arrendador puede aplicar anualmente a la renta. Al igual que el decreto anticrisis, su vigencia será temporal y dependerá de su convalidación parlamentaria dentro de un mes.
El apoyo parlamentario sigue siendo incierto. Mientras que el PP ha manifestado que no respaldará el decreto de vivienda, la viabilidad del proyecto depende de la postura de los nacionalistas. El PNV aún no ha tomado una posición definitiva, aunque el Gobierno confía en su apoyo. En Cataluña, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha criticado el texto, exigiendo que el Ejecutivo asuma los costes de las políticas sociales y no “ahogue al pequeño propietario”, pero no ha cerrado la puerta al diálogo.
El presidente Sánchez ha reiterado su postura “no a la guerra” y ha subrayado la necesidad de medidas que alivien a los hogares y a las empresas en un contexto difícil. Según las estimaciones del Gobierno, el plan anticrisis movilizará unos 5.000 millones de euros, una cifra que, de confirmarse, marcará un importante impulso económico para afrontar los retos energéticos y sociales que plantea la actual coyuntura.
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