El Defensor del Pueblo alerta de retrasos estructurales en la valoración del grado de discapacidad y reclama más recursos
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte que la inflación en España podría alcanzar el 3 % como consecuencia directa del conflicto bélico en Ucrania, lo que supondría un fuerte repunte de los precios al consumidor.
En otro orden de noticias, el comandante iraní encargado de la vigilancia del estrecho de Ormuz ha fallecido tras ser víctima de un ataque, según confirmaron fuentes oficiales.
Retrasos en el reconocimiento de la discapacidad en España
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha señalado que durante 2025 se han registrado cerca de 1.300 quejas individuales de personas que siguen esperando una resolución sobre su grado de discapacidad. Estas reclamaciones se centran, sobre todo, en la falta de información sobre el estado de sus expedientes y la ausencia de una previsión clara de respuesta.
El informe anual 2025 de la institución, presentado este martes ante las Cortes Generales y entregado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, advierte que el reconocimiento de un grado de discapacidad igual o superior al 33 % es “una condición imprescindible para acceder a un amplio conjunto de prestaciones, servicios y beneficios públicos”. El retraso en la resolución de estos procesos, además de constituir una disfunción administrativa, constituye una limitación efectiva de derechos recogida en el artículo 49 de la Constitución.
Según el informe, la principal causa de estas demoras es la falta de personal en los equipos multiprofesionales encargados de las valoraciones. Aunque varias comunidades autónomas han puesto en marcha medidas como refuerzos de plantilla, planes de choque y mejoras retributivas para atraer profesionales sanitarios, la institución concluye que dichos esfuerzos resultan insuficientes para solucionar el problema estructural.
El documento también destaca importantes desigualdades territoriales en la gestión del sistema: existen variaciones notables en los tiempos de espera, en los criterios de priorización de expedientes y en el grado de desarrollo normativo autonómico tras la aprobación del Real Decreto 888/2022. Mientras algunas regiones han avanzado en la regulación de los equipos y procedimientos, otras continúan en fases iniciales.
Otra deficiencia señalada es la escasa información ofrecida a los solicitantes. En muchos casos, las administraciones no comunican los plazos estimados ni orientan sobre las prestaciones disponibles, generando incertidumbre y dificultando la planificación de las familias. Por ello, el Defensor del Pueblo insiste en la necesidad de mejorar la transparencia y la atención al ciudadano durante todo el proceso.
Entre los avances reconocidos, el informe menciona la implantación de valoraciones telemáticas y el refuerzo de la coordinación entre los sistemas de discapacidad y dependencia. Sin embargo, advierte que estas medidas deben aplicarse con garantías para no comprometer la calidad de la evaluación.
En conclusión, la institución recalca que la situación actual “no puede normalizarse” y hace un llamado a las administraciones para que actúen con mayor contundencia. El Defensor del Pueblo ha formulado más de un centenar de recomendaciones, entre ellas el cumplimiento del deber legal de resolver en plazo y la dotación suficiente y sostenida de recursos humanos, técnicos y organizativos que permita garantizar un sistema ágil, equitativo y centrado en las necesidades reales de las personas con discapacidad.
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