La Fiscalía recurre la condena a García Ortiz ante el Constitucional

La Fiscalía ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Según el comunicado emitido por el Ministerio Público, la sentencia vulnera varios derechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia, el derecho a un proceso con todas las garantías y la seguridad jurídica.

García Ortiz fue sentenciado en noviembre por el Supremo por la supuesta revelación de datos reservados relacionados con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amor. La condena incluye una multa de doce meses y la inhabilitación para ejercer el cargo de Fiscal General del Estado. Tras conocerse la resolución, el ex fiscal presentó su dimisión, de modo que el recurso de la Fiscalía, aunque tiene carácter simbólico, busca resaltar las supuestas irregularidades del proceso.

Recurso de la Fiscalía al Tribunal Constitucional

El escrito del Ministerio Público impugna la actuación del Tribunal Supremo por los siguientes motivos:

Puntos Clave

La Fiscalía ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Álvaro García Ortiz, alegando vulneración de derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho a un proceso con garantías
García Ortiz fue condenado en noviembre por supuesta revelación de datos reservados sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibiendo una multa de doce meses e inhabilitación para ejercer como Fiscal General del Estado, y presentó su dimisión tras la

El tribunal habría ignorado los testimonios de varios periodistas que aseguraron no haber obtenido la información del fiscal, restándoles valor exculpatorio.
Se vulneraron derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, la protección de datos y la prohibición de intimidación.
La Fiscalía denuncia que la UCO (Unidad Central Operativa) fue enviada al despacho oficial del fiscal para examinar su teléfono de forma supuestamente ilícita, y que la supuesta supresión de mensajes por parte de García Ortiz se tomó como indicio de culpabilidad.
El Supremo amplió la conducta delictiva al considerar una nota de prensa emitida por el propio Ministerio Público como delito, a pesar de que la información ya había sido difundida previamente en medios.

En la solicitud de amparo, la Fiscalía sostiene que el Tribunal Supremo “desbordó los límites semánticos” del delito de revelación de datos reservados y que la sentencia contraviene la propia jurisprudencia del máximo órgano judicial, al calificar como delito información que ya era de dominio público.

El recurso también argumenta que la sentencia vulneró el derecho del ex fiscal a conocer la acusación y a ejercer la defensa, al no permitirle un acceso pleno a las pruebas y al imponer una interpretación desfavorable de los indicios.

Aunque la sentencia ya ha tenido efectos prácticos –la inhabilitación y la multa–, la Fiscalía insiste en que el caso representa una vulneración grave de garantías constitucionales y pide al Tribunal Constitucional que anule o modifique la resolución del Supremo.

Alejandro Martínez Pérez Periodista

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra. Con más de 12 años de experiencia cubriendo política internacional y derechos humanos. Especialista en investigación periodística y análisis de políticas públicas.