Consumo multa a Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros por prácticas abusivas contra los inquilinos

La Secretaría General de Consumo y Juego, dependencia del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha impuesto una sanción de 3.600.902 euros a la inmobiliaria Alquiler Seguro por llevar a cabo prácticas abusivas contra los inquilinos.

Consumo propone multar con 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro

Detalles de la resolución

Según la autoridad de consumo, la empresa utilizó su posición dominante en el mercado del alquiler para vulnerar los derechos de los arrendatarios de forma sistemática y prolongada. Entre las conductas consideradas ilegales se encuentran:

Imposición de un supuesto “servicio de atención al inquilino” que encubría el cobro de gastos que debían asumir los propietarios.
Obligación de contratar un seguro del hogar y un estudio de solvencia económica.
Limitación del derecho de desistimiento del contrato.
Transferencia a los inquilinos de todos los gastos derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales.

La investigación concluye que Alquiler Seguro incurrió en seis infracciones catalogadas como “muy graves” y una como “grave”, conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Las sanciones económicas distribuidas son:

1.000.000 euros.
990.900 euros.
Tres sanciones de 500.000 euros cada una.
100.001 euros.
10.001 euros por la infracción grave.

En total, la multa asciende a 3.600.902 euros.

Alquiler Seguro tiene la posibilidad de presentar un recurso de alza ante el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, antes de agotar la vía administrativa.

El procedimiento se originó en 2023, cuando la asociación FACUA‑Consumidores en Acción denunció a la inmobiliaria por obligar a los inquilinos a pagar un importe equivalente a un mes de renta más el 21 % de IVA bajo el pretexto de un “servicio de atención al inquilino”. Ese servicio incluía, entre otras cosas, asesoramiento para el cambio de titularidad de los suministros energéticos, asesoría jurídica sobre el contrato de alquiler y la gestión de siniestros e incidencias, tareas que habitualmente corresponden al propio arrendador.

El titular de la Secretaría, Pablo Bustinduy, manifestó que su ministerio no puede permitir que “ninguna empresa esté por encima de la ley”. Añadió que en el mercado del alquiler “se ha impuesto la ley de la selva y se están produciendo abusos, generando una situación de indefensión de los consumidores que vulnera el derecho a una vivienda digna”.