El PP señala a Montero tras los registros mientras Sumar exige una remodelación del Gobierno ante la corrupción

Los registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica, así como en la empresa pública Correos, se enmarcan en una nueva fase de investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones públicas vinculadas a la detención de la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, presunto socio del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

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Los registros, que también incluyeron requerimientos de información a la Dirección General de Patrimonio del Estado y al Tribunal de Recursos Contractuales, se realizaron este viernes en distintas sedes de Correos y en los ministerios mencionados, bajo el amparo del sumario judicial que investiga la trama de supuestos fraudes en la adjudicación de contratos públicos.

Reacciones de los partidos y del Gobierno

Yolanda Díaz y la coalición Sumar – La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, calificó la situación como “inmisible” en una entrevista en La Sexta, y exigió al presidente Pedro Sánchez “un cambio profundo” del Ejecutivo y la adopción inmediata de medidas anticorrupción. En la misma intervención afirmó: “Se acabaron las reformas cosméticas; hay un punto y aparte y toca actuar”. Sumar, a través de sus portavoces, reiteró la necesidad de respuestas contundentes y urgentes del PSOE, y pidió una “reformulación profunda” del Gobierno.

Respuesta del Gobierno – Desde Moncloa, fuentes oficiales descartaron la posibilidad de una remodelación del gabinete. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, aseguró que el Ejecutivo no contempla la convocatoria de elecciones y que “gobierna y funciona bien”, añadiendo que ha respondido “con absoluta contundencia” a los escándalos de corrupción. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, describió los registros como “requerimientos de expedientes o de información”, y prometió “absoluta colaboración” de los órganos del Estado con la UCO para esclarecer los hechos. Al ser preguntada sobre las detenciones, Montero recordó que la información está bajo “secreto de sumario” y que solo dispone de los datos que los medios hacen públicos.

Partido Popular – Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, calificó al Gobierno de “el más rodeado de corrupción en 47 años de democracia” y describió la situación como una “espiral inédita de detenciones, corrupción, machismo y extorsión”. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, señaló a la ministra de Hacienda como “protagonista” tanto en la caída del PSOE en Andalucía como en la crisis actual del partido, añadiendo que “todos los caminos apuntan a María Jesús Montero”.

Vox – Santiago Abascal describió los registros como evidencia de un “auténtico colapso de la mafia” y pidió que el pleno extraordinario solicitado por el PP vaya acompañado de una moción de censura contra el Gobierno.

Sumar – Los partidos que integran la plataforma Sumar (Izquierda Unida, Más Madrid, Catalunya en Comú, entre otros) se reunieron para evaluar la situación y reiteraron que esperan respuestas del PSOE “con contundencia y urgencia”.

PSOE de Castilla‑La Mancha – La consejera de Igualdad, Sara Simón, insinuó irregularidades en los censos electorales de las primarias de 2021 que llevaron a Pedro Sánchez a recuperar la secretaría general del PSOE, señalando que “30 o 40 personas” aparecían sin justificación en los registros de la provincia de Guadalajara.

Otros partidos y figuras – Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía, afirmó que el PSOE debería “pedir perdón a los españoles” por los “comportamientos bochornosos” que están dañando la imagen del partido. Por su parte, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, acusó a la ministra Montero de “corrupción socialista” y cuestionó su legitimidad para ejercer su cargo.

En el marco de estas investigaciones también se han registrado otras actuaciones policiales: la UCO inspeccionó la sede central de Forestalia en Zaragoza y la policía nacional detuvo al dueño y al CEO de la aerolínea Plus Ultra en relación con una causa de presunto blanqueo, aunque esta última operó al margen de la investigación principal sobre los contratos públicos.

El Tribunal Supremo, por su parte, ha abierto el juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos, el exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de mascarillas durante la pandemia, manteniendo a Ábalos y García en prisión preventiva.

Mientras tanto, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha reiterado su crítica a la falta de propuestas concretas contra la corrupción, señalando que “desde julio no escuchamos ninguna iniciativa” y cuestionando la negativa de los partidos de derecha a apoyar la creación de una agencia pública anticorrupción.