El PSOE da junto a Junts y PP el sí definitivo a la ley que endurece el castigo a los hurtos reiterados
El Congreso de los Diputados ha aprobado este viernes la reforma que endurece el castigo para los hurtos reiterados, una norma que entrará en vigor antes de la Semana Santa. La iniciativa contó con el apoyo mayoritario del PSOE, PP, Vox, Junts y el PNV, mientras que los socios de izquierda del Gobierno se opusieron a la mayoría de las enmiendas presentadas.
Principales puntos de la legislación
Entre los aspectos más destacados del texto aprobado se encuentran:
- El incremento de la pena para quien cometa hurtos en varias ocasiones, aunque el valor total sustraído no supere los 400 euros, con una posible condena de hasta tres años de prisión.
- La tipificación más severa de los robos de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos.
- Un endurecimiento de las sanciones para quienes reincidan tres o más veces en delitos de estafa.
- La inclusión de una nueva pena para el fraude en el consumo eléctrico, orientada a combatir las plantaciones ilegales de energía: entre seis y dieciocho meses de cárcel o una multa de doce a veinticuatro meses.
El proyecto también contemplaba una enmienda del PP que exigía la ausencia de antecedentes penales para conceder permisos de residencia. Dicha modificación no se incorporó al texto final tras el veto del Ejecutivo en la Mesa del Congreso por consideraciones presupuestarias.
En lugar de la reforma migratoria, el PP logró que la mayoría de la Cámara Baja respaldara su propuesta de reformar la tipificación del “petaqueo”, la actividad de pequeñas embarcaciones que suministran combustible a narcolaboratorios en alta mar.
Los populares argumentan que el veto a su enmienda sobre extranjería responde a “oportunismo político”. Señalan que la implementación de sus propuestas implicaría la creación de 891 plazas de funcionarios en las oficinas provinciales de extranjería y en la Fiscalía, lo que supondría un gasto superior a 70 millones de euros para las arcas públicas.
Tras la votación, la diputada del PP María Jesús Moro calificó el veto como “antidemocrático, abusivo e intempestivo” y anunció que el partido recurrirá la decisión ante el Tribunal Constitucional para impugnar lo que consideran un nuevo bloqueo a sus iniciativas legislativas.
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