Los pequeños agricultores exigen al Gobierno un plan transversal para controlar la población de jabalíes

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha exigido al Ministerio de Agricultura la puesta en marcha de un plan transversal para controlar la población de jabalíes y frenar de forma definitiva el brote de peste porcina africana (PPA) detectado el pasado 29 de noviembre en las cercanías de Barcelona. En la rueda de prensa en la que presentó el balance agroganadero del año, José Ramón González, responsable de ganadería de la organización, recordó el compromiso del ministro Luis Planas de coordinar los esfuerzos para la gestión de los animales silvestres.

Plan de control de la población de jabalíes y la PPA
González subrayó que, aunque considera “imprescindible” contar con los cazadores, también es necesario realizar un censo cuantitativo previo de los jabalíes para buscar un equilibrio entre la caza y la conservación. Como referencia, citó los modelos de Bélgica y Suecia, donde se han aplicado medidas exitosas para erradicar la enfermedad.
En Bélgica, entre 2018 y 2020, la erradicación de la PPA se logró mediante una estricta estrategia en Valonia: se delimitó una zona de aproximadamente 63 000 ha, se desplegó un contingente militar para retirar los animales infectados, se instalaron vallas y se impulsó una campaña de caza controlada en la zona cero del brote. González considera este caso como un espejo de buenas prácticas que podría adaptarse al contexto español.
Por su parte, el ministro Luis Planas respondió que el Gobierno ya está trabajando en el control de la fauna silvestre, aunque puntualizó que son las comunidades autónomas las encargadas de los censos y de la gestión operativa. Añadió que este miércoles se reunirá el Comité Nacional de Caza para avanzar en la definición de medidas concretas.
El brote de PPA también está repercutiendo en los precios del cerdo y en las exportaciones. España sigue siendo el principal exportador de carne porcina de la Unión Europea y el tercero a nivel mundial, solo detrás de Estados Unidos y China. En el último año se exportaron 7 040,15 millones de euros en carne y despojos de cerdo.
Según González, el precio del cerdo en la lonja de Mercalleida ha caído un 10 % en las dos últimas semanas, una variación que califica como un “ajuste normal” dentro del contexto actual y asegura que “la situación está bajo control”. Mercalleida es el principal mercado de carne de cerdo en España.

En cuanto a los mercados internacionales, la UPA señala que la exportación sigue siendo clave. Dentro de la UE, las ventas pueden continuar libremente, salvo en la zona de riesgo delimitada en la provincia de Barcelona. Fuera de la UE, China ya ha aceptado la regionalización, aunque quedan alrededor de una veintena de países, entre ellos Japón y Taiwán, que aún no la han adoptado. González asegura que, mientras se mantenga el actual estatus sanitario, no habrá impedimentos para la exportación.
En la zona de seguridad, 39 granjas pueden experimentar dificultades, aunque sus productos siguen siendo aptos para el consumo. La Generalitat catalana ha anunciado medidas de compensación para los agricultores afectados. Desde UPA se ha intentado transmitir tranquilidad, enfatizando que la carne de cerdo producida en España es segura y que se valora positivamente la actuación tanto del sector como de las administraciones públicas para contener el foco.
El ministro Planas reiteró que el objetivo del Gobierno es mantener los mercados abiertos y minimizar el impacto en los precios del porcino. Confirmó que Reino Unido, China y Corea del Sur ya han aceptado la regionalización, y que se están manteniendo conversaciones con Japón, Filipinas y otros países para que adopten la misma medida. Además, defendió que “España es uno de los países con mejor reputación y mayor nivel de sanidad animal a nivel mundial”.
En el ámbito interno, el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, expresó su preocupación por la “ralentización” de la Ley de Agricultura Familiar, temiendo que la actual legislatura termine sin aprobarla, a pesar de haber sido una de las promesas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura. Cano también alertó sobre la dificultad de cumplir el objetivo europeo de que, para 2040, el 24 % de los agricultores tengan menos de 40 años. En España, apenas el 9 % de los agricultores pertenecen a este rango etario, muy por debajo de la media comunitaria del 12 %.

Respecto a la movilización del sector agrario europeo prevista para el 18 de diciembre en Bruselas, Cano criticó la postura de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Parlamento Europeo de mayoría conservadora, a quienes acusó de no haber tomado medidas suficientes en el presupuesto plurianual de la UE. El secretario general describió la protesta como “importante” y anticipó la participación de unos 10 000 agricultores de toda la UE contra la reforma de la Política Agraria Común (PAC).
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