El Gobierno da el primer paso para reducir la jornada a 35 horas a los funcionarios del Estado

El Ministerio de Función Pública ha dado el primer paso para reducir la jornada laboral de los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) a 35 horas semanales. El departamento, dirigido por Óscar López, se reunió esta mañana con representantes de UGT y CCOO para comunicar que ha iniciado el procedimiento de implantación del recorte horario.

En la misma línea, la Secretaría de Estado de Función Pública ha convocado a los cargos directivos de personal de los distintos ministerios los días 10 y 11 de febrero para detallar las nuevas instrucciones sobre jornadas y horarios de trabajo. Tras esa reunión, el tema será remitido a la Mesa General de la Administración del Estado, donde se negociarán los aspectos finales con los sindicatos.
Detalles de la reducción de la jornada
Según el último boletín estadístico de funcionarios, la medida beneficiaría a 246 418 empleados públicos, distribuidos de la siguiente manera:
- 96 411 personal de los ministerios.
- 63 408 empleados de organismos autónomos (SEPE, CIS, INE, INTA, entre otros).
- 23 892 trabajadores de entidades públicas empresariales (Renfe, ICO, AENA, reguladores, etc.).
- 20 578 empleados adscritos a agencias estatales.
Los restantes puestos corresponden a personal de autoridades administrativas independientes, universidades públicas de titularidad estatal y otros entes de derecho público.
En principio, la reducción excluiría a los 280 012 empleados de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad del Estado, así como a los 14 400 trabajadores de la Administración de Justicia.
La reducción a 35 horas semanales es una reivindicación histórica de los sindicatos de la administración pública. Mientras que la mayoría de los empleos públicos autonómicos y de los grandes ayuntamientos ya operan bajo la semana de 35 horas, la AGE mantiene actualmente una jornada de 37,5 horas.
UGT y CCOO ya habían pactado con el Gobierno la implantación del recorte horario en el acuerdo salarial para el periodo 2022‑2024, aunque la medida quedó archivada durante varios años. Tras la firma del nuevo acuerdo salarial, que contempla aumentos acumulados de hasta un 11 % entre 2025 y 2028, se ha reactivado la cuestión.
Inicialmente, los sindicatos anunciaron que el Gobierno tenía previsto presentar la medida a finales de marzo. Sin embargo, en una segunda reunión celebrada la semana pasada, las centrales sindicales denunciaron que Función Pública pretendía retrasar la implantación hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que mantendría la reducción en un estado de incertidumbre.
El anuncio de Función Pública ha sido recibido de forma positiva por los sindicatos. En un comunicado conjunto, UGT y CCOO celebraron el avance, señalando que “Función Pública ha garantizado que el compromiso de implantar la jornada de 35 horas sigue intacto y que, en breve, se convocarán las mesas de negociación correspondientes”. Por su parte, CSIF, el sindicato mayoritario en la administración central, valoró la noticia aunque lamentó el retraso de más de tres años.
Los sindicatos también recuerdan que sigue pendiente la puesta en marcha de la jubilación anticipada parcial para el personal laboral de las administraciones públicas, medida pactada con el Ejecutivo. CCOO y UGT han exigido su aplicación inmediata y han instado a los grupos parlamentarios a resolver definitivamente el asunto.
Otros temas que permanecen en la agenda de negociación son el desarrollo del teletrabajo, pendiente desde abril de 2021, la promoción interna, la actualización de cuantías por razón de servicio y el refuerzo del régimen Muface.
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