El País Vasco revacunará "lo antes posible" a 103 de los 253 afectados por dosis caducadas

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha reconocido que se produjeron fallos en varios controles del proceso de vacunación: desde el almacén distribuidor y los centros de salud que recibieron las inyecciones, hasta el personal de enfermería que las administró.
Osakidetza comenzará este jueves a ofrecer citas para revacunar, “lo antes posible”, a 103 personas a las que se les aplicó la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) de un lote con fecha de caducidad (cucid) incorrecta. Las dosis afectadas se administraron entre el 1 de diciembre de 2025 y el 15 de enero de 2026. Además, se considerarán válidas las vacunas aplicadas en noviembre, que se dieron a 150 pacientes.
Grupos que deberán revacunarse
En concreto, la revacunación se dirigirá a:
- 18 lactantes de dos meses.
- 29 lactantes de cuatro meses.
- 51 niños de entre 11 y 12 meses.
- 5 personas mayores de entre 42 y 69 años.
Esta información fue confirmada por el consejero Martínez en una comparecencia junto a la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, donde explicaron la resolución del Consejo Asesor de Vacunas del País Vasco (CAVE).
El CAVE ha respetado el papel de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) como autoridad reguladora, pero ha adoptado una postura “más prudente” que la de la agencia respecto a la vacuna Vaxelis (lote X019675). En concreto, el CAVE comparte la recomendación de no revacunar a los niños que recibieron la dosis en noviembre.
Según la AEMPS, el lote tiene como fecha de caducidad real noviembre de 2025; por tanto, las dosis administradas ese mes se consideran “válidas”, aunque en el envase figure el 30 de octubre. El CAVE acepta esta excepción solo para este incidente, pero insiste en que, en la práctica cotidiana, la fecha impresa en el envase debe ser siempre el referente, por motivos de seguridad, claridad y trazabilidad.
Mientras la AEMPS sostiene que no es necesario revacunar ni las dosis de primovacunación (dos y cuatro meses) ni las de recuerdo (11‑12 meses), el CAVE considera que una dosis administrada fuera de la fecha de caducidad (diciembre y enero) debe considerarse “no válida”. A su juicio, aunque la vacuna probablemente conserve potencia después de un breve periodo fuera de vigencia, “no se puede garantizar la protección a largo plazo, sobre todo en lactantes”.
Por ello, el CAVE mantiene una recomendación garantista: en lactantes, revacunar aporta un “beneficio claro y es seguro”, al devolver la pauta prevista en la ficha técnica. En personas mayores, se aconseja valorar caso por caso y, de decidir revacunar, hacerlo al menos un mes después de la dosis no válida.
El CAVE también advierte que mensajes como “cuca pero válida” pueden generar confusión entre profesionales y familias, debilitando la seguridad del proceso. Por ello, propone un mensaje sencillo y único para la ciudadanía: una dosis caducada es una dosis no válida, y una dosis no válida debe repetirse.
El Departamento de Salud ha adoptado la indicación del CAVE y pondrá en marcha el protocolo de revacunación a partir de este martes. Martínez recordó que ningún paciente ha recibido dos dosis y anunció que se está contactando a los afectados por las vacunas caducadas; a partir de este jueves recibirán cita para la nueva aplicación.
“Un grave error”
El consejero también informó de que se implementarán medidas estructurales de prevención para garantizar que los procedimientos de administración en los puntos de vacunación se realicen de forma óptima: verificación de la fecha de caducidad, control de la cadena de frío, formación del personal y cumplimiento de las recomendaciones del propio CAVE y de las buenas prácticas nacionales e internacionales. Estas acciones se sumarán a las recomendaciones que se establezcan tras la investigación en curso.
En una rueda de prensa matutina, Martínez describió el suceso como “un grave error” en la administración de 253 vacunas con fecha caducada. Reconoció fallos en varios controles –el almacén distribuidor, los centros de salud que recibieron las vacunas y el personal de enfermería, más de 50 profesionales– y aseguró que la situación no supone un riesgo para la salud ni efectos adversos.
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